Canadá, la ruta de las víctimas del conflicto

Este país es el destino predilecto de quienes huyen del conflicto
Jueves, Noviembre 14, 2013
Canadá, la ruta de las víctimas del conflicto

Colombia se convirtió en el principal exportador de refugiados. Se calcula que en territorio canadiense viven cerca de 14.000 nacionales que han huido de la guerra interna. Fiscales, jueces y dirigentes políticos hacen parte de la larga lista.
Redacción Judicial-internacional

Jueces y fiscales amenazados por grupos armados ilegales, defensores de derechos humanos objeto de persecución, ex guerrilleros o ex paramilitares decididos a marginarse de la guerra, maestros, dirigentes políticos o periodistas perseguidos por razones de conciencia, testigos estelares de trascendentales procesos judiciales en tribunales de Colombia, hacen parte de la larga lista de nacionales en riesgo que cada día llegan a Canadá en busca de refugio.

Y aunque cada vez son más estrictos los requisitos diplomáticos para acceder a la condición de refugiado, según las últimas cifras, sólo en 2006, de 1.400 colombianos que pidieron refugio, 1.200 fueron aceptados, lo que convierte a este país en el destino principal de decenas de colombianos que le huyen al conflicto armado y sus secuelas.

La Embajada de Colombia en Ottawa calcula en 8.000 el número de refugiados nacionales desde hace una década. La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia dice que hasta 2005 la estadística estaba en 13.511. De acuerdo con sus cálculos, desde hace cuatro años las solicitudes de compatriotas que piden refugio al Canadá han aumentado. Mientras que en el año 1999 se presentaban entre 400 y 500, ahora el número alcanza las mil.

Según María Elene Berlene, de la organización Acnur, aunque por cercanía, idioma y permeabilidad de la zona de frontera, la mayor población de refugiados colombianos está en Ecuador, es muy significativo el paulatino aumento de quienes buscan la ruta Canadá. El perfil del colombiano que hoy está situado en Ecuador, Venezuela, Costa Rica o Panamá, es habitualmente de origen campesino que cruza las fronteras y va creando círculos familiares. El colombiano que está llegando al Canadá corresponde más a nacionales con formación profesional y el asilo o refugio procede habitualmente a título individual.

Productor de refugiados

Canadá es uno de los países con mayor vocación humanitaria y, además, desde 1997 declaró a Colombia como un país expulsor de refugiados, razón por la cual ha venido creciendo la aceptación de personas. Claro está que a nivel diplomático, en las respectivas delegaciones de los dos países, se advierte una estratégica prudencia frente al tema. Por ejemplo, el embajador colombiano en Canadá, Jaime Girón, si bien admite que siguen llegando colombianos refugiados por amenazas provenientes de distintos grupos armados, advierte que es casi imposible dar una cifra exacta porque el estado protector les recomienda alejarse del país, incluso a nivel de Embajada.

“Ellos llegan con un pasaporte especial, o más bien un documento de viaje que hace las veces de pasaporte y que no requiere control en la Embajada”, explica Girón, quien sin embargo señala que también debe tenerse en cuenta que Canadá es un país muy grande, con relativamente pocos habitantes, y siempre necesita gente para trabajar en actividades que no requieren personal muy calificado. En tal sentido, según el diplomático, también está llegando mucho colombiano con el argumento de que está perseguido, cuando en realidad se trata de personas en búsqueda de mejores oportunidades económicas. Por eso se están extremando los requisitos.

Su cálculo es que hoy en Canadá, entre inmigrantes y refugiados hay unos 35.000 colombianos, una estadística que, a nivel de América Latina, sólo es superada por El Salvador. Otra visión tiene la Embajada de Canadá en Bogotá, que estima en 60.000 la comunidad colombiana en su país, con sus mayorías concentradas en las provincias de Ontario y Quebec. Muchas de estas personas han llegado a Canadá en calidad de inmigrantes, pero se reconoce que si bien existe un incremento modesto en los últimos años, ha subido aceleradamente el número de peticiones de colombianos que buscan ser incluidos en programas de reasentamiento.

Un alto funcionario, quien pidió no ser identificado, constató que Canadá quiere mantener su tradición humanitaria y obligaciones internacionales suscritas desde hace varias décadas, y sí le está ofreciendo un sitio seguro a colombianos que demuestren miedos fundados, persecuciones comprobadas o riesgos de tortura o tratos crueles. Eso sí, la Embajada niega enfáticamente que actualmente o en el pasado se le conceda acceso a miembros de grupos armados ilegales. A los verdaderos refugiados se les otorga hogar temporal, transporte público, orientación financiera, documentos y asistencia a programas provinciales en procura de un hogar definitivo.

Pescar en río revuelto

La ruta Canadá está tan de moda para perseguidos o avivatos colombianos, que ya existen intermediarios legales privados para agilizar el trámite, pero también se han detectado organizaciones ilegales que defraudan a sus clientes. La abogada canadiense Maureen Elizondo se ha especializado en asesoría legal a colombianos inmigrantes o refugiados. De hecho, tiene una página web en la que explica qué documentos deben aportarse, cuánto se demora el proceso y hasta de qué manera superar las dificultades para conseguir este estatus.

Según Maureen Elizondo, “el 75% de las solicitudes de refugio que provienen de Colombia se aprueba,  en comparación al resto del mundo que apenas alcanza el 48%”. Esto quiere decir, ni más ni menos, que Canadá reconoce abiertamente que Colombia es un país que sí produce refugiados y que se dan producto de la guerra entre guerrilla, paramilitares y otros grupos armados ilegales. La solicitud de refugio no tiene costo alguno. Basta demostrar que la vida está en riesgo. No obstante, por la vía de la intermediación, quien quiera llegar más rápido, tiene que pagar unos costos que no garantizan la aprobación del refugio.

Básicamente el abogado que tramita el caso de refugio cobra US$2.500. Una vez aceptada, la persona tiene que cancelar unos honorarios para consolidar el proceso de residencia. Habitualmente se cancelan US$550 por adulto y US$150 por niño. Sin embargo, no basta con lograr el objetivo planteado. Si el gobierno canadiense prueba que los colombianos refugiados aprovechan los tiempos de Navidad o temporadas de vacaciones para volver a Colombia, los oficiales de inmigración están autorizados para reportar la novedad y retirar los beneficios del refugio. Más de una vez ha ocurrido y por eso se siguen incrementando los controles.

Y como no faltan los que pescan en río revuelto, a la ruta Canadá no le han faltado las redes de estafadores. De hecho, hace algunos meses un juez condenó a dos empleados del Congreso de la República por certificar falsas amenazas para tramitar asilos hacia este país. La red fue descubierta y de ella hacían parte también un acreditado comerciante en turismo y un político de oficio. La investigación constató que a los aspirantes a refugiados les cobraban 12 millones de pesos para tramitar los documentos legales. Aunque los procesados quedaron en libertad por las bajas penas, las autoridades diplomáticas ya saben lo que está sucediendo ilegalmente.

De cualquier modo, y advertidas las contingencias del asunto, desde hace varios años y, particularmente en los últimos meses, Canadá es el destino predilecto de los amenazados. Por ejemplo, en el país del norte está refugiada Marta Camacho, una aguerrida ex funcionaria del CTI de la Fiscalía que lideró la operación contra Funpazcor, organización que orientaba buena parte de las finanzas del paramilitarismo en Colombia. También está Amelia Pérez, la valerosa ex fiscal que tuvo a su cargo la investigación por el atentado terrorista perpetrado por las Farc contra las instalaciones del Club El Nogal en la capital de la República.

De igual forma vive en Canadá, asilada pero protegida, la ex fiscal de Derechos Humanos Lucía Luna Prada, quien dictó medida de aseguramiento contra el general Rito Alejo del Río, disposición que luego fue archivada en la gestión del ex fiscal Luis Camilo Osorio. Está también William Mejía, abogado del Sindicato de la Contraloría de Cali, que huyó por graves amenazas. Igualmente, el abogado Pablo Bustos, quien lideraba en Colombia la red Ver contra la corrupción y fue objeto de graves hostigamientos y amenazas que obligaron su refugio. La lista es larga (ver recuadro anexo) y quienes lo han vivido saben que Canadá es una buena opción.

La senadora liberal Piedad Córdoba, quien junto con sus hijos vivió la experiencia del exilio en Canadá, aporta su testimonio. “Estuve dos años refugiada después de que me secuestrara Carlos Castaño. Elegí Canadá porque me dieron la facilidad de asentarme en ese país, que siempre ha demostrado su tradición de respeto por los Derechos Humanos. Me dieron apoyo económico, pero eso no quiere decir que no todos trabajáramos. Me ayudaron significativamente, pero tampoco constituyó un tratamiento especial. Es lo que hacen con todos los colombianos y lo hicieron conmigo entre los años 2000 y 2002”.

También Alexandra Benítez (*), defensora de Derechos Humanos y activa impulsora del refugio de colombianos afectados por el conflicto, tiene su explicación de la ruta: “Canadá es un país que le da esperanza a la gente. El gobierno canadiense les da a los refugiados asistencia social, apartamento amoblado y servicios médicos. Mucha gente ha llegado allá apenas con su ropa puesta y le han dado más que un hogar. Hoy, la opción del Canadá está más viva que nunca, porque a partir de 2000 crece notablemente el número de colombianos que huyendo de la guerra se suman al asilo”.

(*) Nombre cambiado para proteger su identidad.

Vivir como refugiado

Cuando un colombiano es aceptado por Canadá para el programa de Asistencia Humanitaria, recibe una ayuda en forma de servicios y una pequeña cantidad de dinero. Les dan un hogar temporal, asesoría para encontrar un hogar definitivo, ayuda para sacar todos los documentos para demostrar su condición, acceso a programas provinciales (generalmente clases de inglés), transporte público y orientación financiera.

En promedio, un refugiado recibe del gobierno canadiense 580 dólares canadienses mensuales. Esta cantidad es entregada durante un año, tiempo que el gobierno considera es el que se toma una persona para conseguir un trabajo estable. 

Las pruebas

Si un colombiano quiere demostrar que su vida corre peligro, deberá presentar los siguientes documentos a las autoridades canadienses:

1. Copias de denuncias presentadas a las autoridades competentes.

2. Copias de cartas de respaldo por parte de grupos que tienen conocimientos directos de su caso.

3. Dirección completa incluyendo la ciudad y número de teléfono donde puede ser contactado, un correo electrónico si tiene.

4. Direcciones de los lugares en donde usted haya vivido durante los últimos diez años.

5. Una carta explicando la situación, incluyendo los hechos que lo llevan a pedir refugio, sus reacciones a estos hechos, y datos de quienes puedan ser testigos de estos hechos.

Refugiados y ex refugiados

Marta Camacho,  ex funcionaria del CTI de la Fiscalía que lideró la operación contra Funpazcor y las autodefensas.

Jairo Castillo Peralta,  testigo estelar en el proceso judicial de la parapolítica, especialmente contra paramilitares de Sucre.

Richard Maok Riaño,  ex funcionario de la Fiscalía que a través de sus habilidades como hacker detectó nexos con paras y guerrilleros.

Lucía Luna Prada,  ex fiscal de Derechos Humanos que dictó medida de aseguramiento contra el general Rito Alejo del Río.

Martín Movilla,  periodista exiliado después de la cobertura del proceso de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana.

Amelia Pérez,  ex fiscal que tuvo a su cargo la investigación por el atentado terrorista contra el Club El Nogal.

Pedro Díaz,  ex jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía durante la gestión de Alfonso Gómez Méndez.

Yudy Quintero,  jefa de investigadores del CTI de la Fiscalía durante la investigación a Funpazcor y el paramilitarismo.

Piedad Córdoba,  entre 2000 y 2002 tuvo que exiliarse en Canadá tras el secuestro de que fue objeto por parte de Carlos Castaño.

César Rincón,  ex fiscal que tuvo a su cargo varios procesos por paramilitarismo en el departamento de Norte de Santander.

Carmen Trujillo,  investigadora del documental “Baile Rojo” que denunció crímenes cometidos contra la Unión Patriótica.

Pablo Bustos,  director de la red Ver, encargada de promover investigaciones por casos de corrupción administrativa.

Manuel Rozental,  líder de la Asociación de Consejos Indígenas del Cauca, que lideró campañas por la Reforma Agraria y contra el TLC con Estados Unidos.

Diana Marcela Gallego,  abogada de la Fundación Reiniciar que tramita proceso contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica.

William Mejía,  abogado asesor del Sindicato de la Contraloría de Cali, quien debió salir del país por amenazas y hostigamiento.

Ligia Cáceres,  ex funcionaria y dirigente sindical del Ministerio de Protección Social, forzada a salir del país por amenazas.

Alfredo Molano,  periodista y escritor que durante algunos años tuvo que refugiarse en Canadá por amenazas del paramilitarismo.

Carlos Pulgarín,  periodista colombiano que tuvo que dejar el país tras investigaciones en su país de origen y Perú.

 

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